Recientemente, ANDA, Inc. inició una serie de segmentos informativos en Hoy en las Noticias de Radio Universidad. Cada dos semanas, un representante de ANDA, Inc. discute algún tema de actualidad sobre derecho ambiental.
Para beneficio de nuestros lectores, estaremos reproduciendo por aquí el texto del segmento. Comenzamos hoy con el segmento sobre la certeza de los permisos en el proyecto para reestructurar el procedimiento de otorgación de permisos, preparado por la Lcda. Jessabet Vivas Capó y el Lcdo. Luis José Torres Asencio. !Pendientes a Radio Universidad y este foro para seguir los futuros segmentos!
La certeza de los permisos
La nueva ley de permisos fue aprobada en la Cámara de Representantes con algunas enmiendas. A pesar de las enmiendas hechas, el proyecto de ley sigue teniendo graves problemas. Una de las áreas más polémicas se titula “Certeza de los permisos”.
El enmendado P. de la C. 1649, establece que los permisos aprobados por las agencias y posteriormente confirmados por los tribunales “no podrán ser impugnados y deberán ser respetados por las entidades gubernamentales y terceros.” Esto significa que una vez se concede un permiso, ese permiso jamás podrá ser revocado, salvo que se demuestre que el mismo fue obtenido mediante algún delito, fraude o extorsión. Peor aún, la medida obliga a las agencias administrativas a defender la validez del permiso, aún cuando las mismas agencias descubran que el permiso viola las leyes y reglamentos vigentes o una persona interesada les someta evidencia nueva que lo demuestre.
Es obvio que los procesos de permisos tienen que tener fin. Sin embargo, la nueva ley de permisos dispone de un término demasiado corto para la evaluación de las solicitudes de permisos independientemente de la magnitud de las obras propuestas. La rapidez que la ley dispone para que se lleven a cabo las autorizaciones de permisos, abre las puertas a que los funcionarios cometan errores en su evaluación de solicitudes, e impide que las personas interesadas puedan investigarlos detenidamente para presentar su posición y someter evidencia sobre el cumplimiento o incumplimiento con las leyes y reglamentos vigentes.
Este problema se agrava cuando se trata de proyectos impulsados o avalados por el Gobierno de turno en los que existen presiones adicionales para que los funcionarios de las agencias que evalúan estas solicitudes autoricen las obras propuestas. Si unimos la falta de tiempo a la presión por autorizar permisos, quedamos con que las determinaciones que surjan del proceso de análisis expedito no merecen ser irrevocables. De aprobarse como está actualmente redactado, este proyecto permitirá que obras ilegalmente construidas, pero avaladas por el Estado, permanezcan erigidas como recuerdos de que en Puerto Rico, pesa más el interés de aprobar proyectos de construcción con rapidez, que el de aprobar proyectos de construcción de manera legal.