Grupos comunitarios y ambientalistas denuncian inconstitucionalidad e impactos de proyecto de ley de permisos

20 de mayo

San Juan – Previo a su entrada a las vistas públicas en el Capitolio, docenas de grupos comunitarios, ambientalistas, religiosos, y de arqueólogos denunciaron que el proyecto de ley de permisos infringe la protección constitucional de los recursos naturales, limita el acceso a la justicia y coarta derecho constitucional a la participación ciudadana.

“Reconocemos que hay que mejorar, agilizar y modernizar el proceso de evaluación y otorgamiento de permisos en Puerto Rico, pero esto no puede hacerse a costas de los derechos adquiridos y sin seguir una planificación integral e inteligente.  El daño ambiental y a los recursos naturales que esta ley tendrá, afectará el atractivo económico y competitivo de Puerto Rico,” subrayó el licenciado Pedro Saadé, profesor de derecho ambiental de la Universidad de Puerto Rico. 

 El proyecto identificado en la Cámara como el P. de la C. 1649 y en el Senado como el R. del S. 880, busca que se otorgue todo tipo de permisos en 90 días y que esos permisos sean finales.  Según las organizaciones ambientalistas, esto facilita la construcción en lugares inadecuados, como zonas inundables, propensas a deslizamientos, o dentro de la zona marítimo terrestre, lo que terminará costando más a los ciudadanos y más a Puerto Rico.  

 “Nos dicen que hay más de 900 proyectos sin aprobar y que su aprobación podría representar una inyección de 12 mil millones a la economía, pero ese cálculo es engañoso porque no toma en cuenta lo que el gobierno se tendría que gastar en infraestructura y los costos económicos de los danos ambientales causados por estos proyectos,” sentenció Gustavo García, líder de la organización Arboretum Cupey.

 La medida propuesta contiene disposiciones que tienen el efecto de excluir a las comunidades y grupos de interés en las etapas tempranas de evaluación de impacto ambiental y del proceso de otorgamiento de permisos, convertir los permisos en finales desde su origen y hacer prácticamente imposible su posterior revisión judicial.  Para que los ciudadanos puedan detener una obra mientras se dilucida un permiso en el Tribunal, tienen que depositar una fianza equivalente al estimado de los costos y daños en que pueda incurrir el dueño del proyecto, afectando el acceso a la justicia de las personas con menos recursos. 

 “El pueblo volvería a pagar en un futuro cercano los platos rotos de esta medida legislativa, como ha sucedido en la actual crisis fiscal y recesión económica, de la cuales no ha sido culpable. Este proyecto debe enfocarse en los permisos para los pequeños negocios, que son los que crean más empleo y riqueza, la cual se queda en Puerto Rico,” señaló Ignacio Giraldo, líder comunitario de Dorado y la organización Protegamos Playa Saldinara.

 Por su parte, Maricarmen Cruz, estudiante de derecho ambiental puntualizó que: “Nuestra legislación ambiental desaparecerá junto con la participación ciudadana que hace posible que las personas de escasos recursos económicos sean interventores en proyectos que atentan contra su salud, su ambiente y que amenazan con desplazar comunidades.  Le quita poder a los alcaldes y los pequeños negocios estarán indefensos ante la competencia.  Tenemos que oponernos a lo que representa el saqueo de nuestros derechos adquiridos.”

 El Rvdo. Angel Luis Rivera, secretario ejecutivo del Concilio de Iglesias de Puerto Rico reafirmo el llamado del Concilio al Gobierno  a un dialogo amplio en el cual se contemplen todos los intereses involucrados en pro de un desarrollo integral, justo y participativo.

 Los grupos ambientales y comunitarios hicieron un llamado a la Asamblea Legislativa a extender el tiempo disponible para que los ciudadanos se expresen sobre el proyecto de ley.  La pieza legislativa tiene más de 150 páginas, y es sumamente compleja.

 Los grupos anunciaron una presentación educativa sobre la medida y sus implicaciones preocupantes para grupos comunitarios y ambientales que se llevara acabado el próximo sábado, 23 de mayo a las 9:30am en el Salón L-3 de la Escuela de Derecho de la UPR-RP. 

Asimismo, enfatizaron que la medida se requiere una evaluación ponderada, que tenga como norte el bien común y no los intereses particulares y cortoplacistas de determinado sector de la sociedad.  Recalcaron además la importancia de que haya un plan de usos de terrenos antes de aprobar medidas para agilizar los permisos.